El Gobierno mantendrá la protección de la Costa Central catalana pese a la oposición de la Generalitat

Aagesen señala que su ministerio se asegurará de que se cumplan todos los requisitos ambientales en la propuesta de ampliación de El Prat

por Glòria Ayuso

El Gobierno continuará con su intención de proteger el espacio marino de la Costa Central catalana, pese a que la Generalitat ha mostrado su oposición, al considerar que puede suponer nuevos límites a la actividad pesquera.

Así lo ha indicado la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que ha afirmado que la protección tiene mucho que ver con hacer que la pesca sea posible ahora y en el futuro. Entendemos que ese alineamiento lo tenemos que conseguir y vamos a seguir adelante con esa protección, ha añadido.

Informe contrario

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el primer día de la Conferencia de los Océanos de Niza que España sumará cinco nuevas áreas protegidas en su litoral dentro de la Red Natura 2000, entre ellas la Costa Central Catalana, para incrementar del 21% actual al 25,7% el porcentaje de áreas marinas protegidas este año. El objetivo es alcanzar el 30% para 2030.

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, explicó a EL PERIÓDICO que la Generalitat ha remitido un informe al Ejecutivo central mostrando su posición contraria, que se ha incorporado en el trámite de audiencias previo a la adopción de la protección del espacio marino.

Ampliación de El Prat

Por otra parte, frente a la nueva propuesta de ampliación del aeropuerto de El Prat, que afectará a 27 hectáreas protegidas y una parte del espacio natural de La Ricarda, Aagesen ha subrayado que el Ministerio se encargará de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos ambientales, como se exige en cualquier otro proyecto. Los equipos técnicos deberán trabajar a partir de una propuesta que se acaba de recibir. Nuestra labor consiste en emitir una declaración de impacto ambiental con las máximas garantías y estándares. No voy a anticipar cuál será el resultado, ha afirmado.

La ministra también ha señalado que se trata de un proceso largo, que exigirá un estudio exhaustivo, así como fases de alegaciones y participación pública.