Dos ONG demandan al Gobierno por «permitir la pesca de arrastre en zonas protegidas»

Las organizaciones ecologistas Oceana y ClientEarth han presentado una demanda contra el Gobierno de España ante la Audiencia Nacional por considerar que emite licencias que permiten sistemáticamente la pesca de arrastre de fondo en áreas marinas protegidas situadas en el mar Cantábrico, en el golfo de Cádiz y en el Mediterráneo.

Estas entidades indican que permitir esta actividad supone un incumplimiento de la normativa nacional y comunitaria sobre medio ambiente y conservación de los ecosistemas marinos. «España debe establecer de una vez por todas un plan para iniciar una transición justa hacia un modelo de pesca sostenible a largo plazo involucrando a los pescadores afectados», afirman en un comunicado.

Evaluación del impacto

Las áreas marinas protegidas tienen distintos niveles de protección. La normativa europea dicta que debe evaluarse el impacto ambiental de la pesca de arrastre en los ecosistemas marinos de las áreas protegidas, algo que Oceana y ClientEarth mantienen que no ha sucedido. Por el contrario, afirman que estas licencias se otorgan de forma sistemática desde hace 30 años.

Las organizaciones señalan que la pesca de fondo, además de poner en peligro el rol del océano como mitigador del cambio climático, es en sí misma una amenaza para la sostenibilidad del sector pesquero a largo plazo debido a que estas áreas son importantes zonas de cría y reproducción de muchas de especies comerciales. «España debería tomar estos factores en consideración, ya que el país cuenta con una de las mayores flotas pesqueras de la Unión Europea», indica el abogado de conservación marina de ClientEarth, Francesco Maletto.

Nueva regulación

La demanda se basa en la Directiva de Hábitats de 1992, que establece un marco de protección de la biodiversidad marina y terrestre en Europa y crea una red de áreas protegidas (red Natura 2000), que los Estados miembros deben gestionar para alcanzar objetivos de conservación específicos.

En marzo de 2023 entró en vigor la nueva Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que actualizaba la anterior norma de 2001 para adaptarla a la situación actual, incorporando las novedades legislativas del ámbito comunitario y también teniendo en cuenta que frente a la emergencia climática y la sobreexplotación los científicos alertan sobre la importancia de poner el foco en la conservación de los ecosistemas. El reto que afrontan las normativas es lograr una actividad sostenible que a la vez «contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras», según la propia ley española.

Protección y actividad económica

Coincidiendo con su publicación, el gobierno señaló que la nueva ley «potencia las medidas de protección y regeneración de los recursos pesqueros y regula aspectos determinantes como la declaración de zonas de protección pesquera o la actividad en los espacios marinos protegidos». Entre otras cosas, la ley pone limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas.

Sobrepesca del 20%

Según la Comisión Europea hay una sobrepesca de al menos un 20% en el oeste del Mediterráneo. La gestión de los recursos motiva discusiones «muy difíciles», en palabras del ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, entre el sector pesquero para limitar el esfuerzo de la flota y hacer posible la conservación de los recursos. En mayo de este año, el Gobierno estableció una veda a la pesca con artes de arrastre de fondo a los buques españoles en el Mediterráneo a una profundidad superior a los 800 metros y paradas de flota de cuatro semanas ininterrumpidas, que permiten una mayor supervivencia de los alevines de merluza e incrementar la población de gamba roja. A cambio, siguiendo el mecanismo de compensación acordado en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, concedió a la flota de arrastre de fondo que faena en el mar Mediterráneo un 5 % de días adicionales, es decir que acabará trabajando dos semanas más al año.