La empresa iRobot, creadora de los robots aspiradores Roomba, entró en un proceso de quiebra en Estados Unidos. Esta situación no afectará el funcionamiento ni el soporte de los dispositivos, según informó la propia compañía.

La firma, con sede en Bedford, Massachusetts, inició un proceso voluntario de bancarrota bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos. El objetivo consistió en facilitar su adquisición por las empresas Shenzhen Picea Robotics y Santrum Hong Kong, ambas de origen chino.

Durante el proceso, que la empresa previó concluir en febrero de 2026, iRobot mantendrá sus operaciones con normalidad. Esto incluyó el funcionamiento de los robots aspiradores Roomba, el acceso a la aplicación móvil y el soporte técnico para los usuarios.

La compañía comunicó que no se previeron interrupciones en la aplicación, los programas para clientes, las relaciones con socios globales ni en la cadena de suministro. También indicó que el soporte para los productos se mantuvo activo durante todo el proceso.

La bancarrota formó parte de un paso necesario para completar la venta de la empresa. Según iRobot, esta medida buscó fortalecer su base financiera y permitir un posicionamiento orientado al crecimiento a largo plazo bajo la nueva estructura empresarial.

La oferta de empleo público de 2025 ha supuesto una de las convocatorias más ambiciosas en años recientes. El Real Decreto 651/2025, publicado en el BOE el 16 de julio, aprueba un total de 36.588 plazas para distintos cuerpos y escalas de la administración pública, incluyendo la administración general del Estado, justicia, seguridad social, fuerzas de seguridad y fuerzas armadas.

A partir de ahora, cada cuerpo convocará sus oposiciones específicas mediante anuncios independientes (detallando requisitos, plazos, instancias y examen) a publicar también en el BOE. Según la normativa, todas las convocatorias derivadas de esta oferta deberían activarse antes de finales de 2025.

Por tanto, los aspirantes interesados deben revisar periódicamente el BOE o el portal oficial de empleo público del Estado.

Con esta OEP y las convocatorias recientes, los aspirantes cuentan con un amplio abanico de plazas disponibles, tanto para nuevo ingreso como para promoción interna. Las convocatorias abiertas ahora mismo incluyen puestos con requisitos educativos diversos, lo que abre oportunidades a perfiles con formación muy variada.

Además, dado que la OEP 2025 actúa como paraguas general, muchas de las plazas aún no se han convocado, lo que quiere decir que durante los próximos meses podrían salir decenas de nuevos procesos selectivos. Por eso, quien esté pensando en opositar ahora debe mantenerse atento al BOE y al portal oficial de empleo público del Estado.

En resumen, la OEP 2025 supone un gran impulso a la función pública en España: 36.588 plazas, con mayor proporción de acceso libre que nunca, y con convocatorias concretas ya próximas. Para quienes aspiren a una plaza fija como funcionario, este final de 2025 puede ser el momento ideal para presentarse.

Todo esto ahora es arroz, de la especie bomba. Está sembrado en mayo y en septiembre lo recogeremos, explica Albert Grasa, señalando su campo de cereal, que crece bajo un palmo de agua, a pocos metros de distancia del mar. Será, sin embargo, la última siembra de arroz en estos terrenos. Grasa los dedicará a una innovadora práctica: el cultivo de mugil, ostras y almejas, junto con algas de la especie ulva. Todo en tierra, y en un mismo espacio.

La de Grasa será la primera experiencia de una nueva práctica que el Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària (IRTA) y la Generalitat están estudiando como alternativa a los actuales cultivos en unos terrenos en el Delta de l’Ebre cada vez más salinizados. Actualmente, un 10% de los campos de arroz del Delta presentan problemas de baja productividad. Los estudios científicos indican que a finales de siglo el nivel del mar subirá entre 80 y 100 centímetros.

La nueva solución contempla mantener las zonas del delta más afectadas por la salinidad cubiertas de agua, como en las épocas en los que los arrozales están inundados, pero la gran diferencia es que se trataría de agua de mar.

El plan pasa por empezar a actuar en zonas del interior más hundidas, que se encuentran por debajo del nivel del mar, y que ya presentan baja productividad. Junto con Grasa, otros dos propietarios de parcelas emplazadas en lugares distintos iniciarán el cultivo multitrófico de agua salada con el seguimiento de los científicos, que monitorizarán la evolución de cada especie y calcularán su retorno económico.

Desde sus instalaciones en la Ràpita, el IRTA lleva a cabo esta innovación de la mano del proyecto europeo BlueBoost, que reúne a expertos en cultivos multitróficos de distintos lugares del mundo. El centro ha sido reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y tiene como misión encontrar soluciones para una alimentación sostenible.

Diversificar la actividad

En esta fase experimental, los agricultores se ahorran el procedimiento de cambio de uso agrario a actividad acuícola, que se requeriría habitualmente en estas circunstancias.

La primera opción de las administraciones sigue siendo mantener el status quo, explica el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible, Antoni Espanya, cuyo departamento es el responsable de los trámites para llevar a cabo la iniciativa. En mayo, el Govern y la Administración central acordaron coordinar sus planes e impulsar la acción para intentar reducir la afectación en el Delta del avance del mar. «Pero ya hoy hay zonas que están sufriendo y son poco productivas desde el punto de vista agrícola», por lo que considera interesante poder «diversificar la actividad en zonas concretas» por si «el escenario se complica». Contar con una demostración de que se trata de una opción económica viable «permitirá a los agricultores decidir si seguir con un cultivo con baja productividad o con otro con mayor rentabilidad», añade.

Pese a las posibles reticencias a cambiar de actividad, sobre el terreno también se opina que si la actividad demuestra tener un buen retorno económico y sigue aumentando la salinidad de los terrenos, no será difícil que surjan interesados.

La clave: el agua de riego

El portavoz técnico de la Taula de Consens del Delta, que agrupa a municipios, cooperativas y comunidades de regantes, Rafa Sanchez, valora en este sentido que se abran nuevas opciones para que los agricultores decidan qué desean hacer en sus campos.

El avance de la salinidad dependerá también, señala, de la cantidad de agua disponible para el riego. Al aumento del nivel del mar se suma la amenaza de mayor recurrencia de épocas de sequía debido al cambio climático. «Si disminuye el agua, se acentuaría la pérdida de producción debido a la reducción del lavado natural de sales», explica.

Al avance del mar y el clima se suma otra vulnerabilidad: la dependencia del arroz de las ayudas al sector y las políticas comunitarias. «Trabajamos en un mercado internacional en el que una bajada de precios puede lastrar la rentabilidad», admite Sánchez.

Aves de arrozal

«Estamos trabajando por mantener el Delta tal y como lo conocemos ahora, pero no es incompatible estudiar nuevas situaciones por si necesitamos abandonar el arroz y optar por un nuevo cultivo acuícola», conviene. Advierte, sin embargo, de que habrá que contemplar todas las repercusiones, y es que los arrozales tienen un papel ecológico esencial, ya que forman parte del ciclo biológico de aves especializadas: «Aunque los arrozales no han estado siempre en el Delta, ahora un cambio de cultivo puede atraer a otras especies, por lo que hay que valorar todas las consecuencias antes de tomar decisiones».

El Tratado de protección de aguas internacionales (BBNJ) sobrepasará las 60 ratificaciones necesarias el 23 de septiembre, cuando en una ceremonia en Nueva York se firmará su puesta en marcha, y entrará en vigor de forma efectiva en enero de 2026. Así lo ha asegurado el portavoz en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Océano que este viernes se clausura en Niza, y que tenía como principal objetivo garantizar la puesta en marcha de esta figura necesaria para evitar que las zonas fuera de jurisdicción nacional sean explotadas sin control.

El tratado contará finalmente con 67 adhesiones en septiembre y alcanzará las 80 en enero, cuando ya será efectivo. Ello supone contar con una herramienta jurídica con la que contrarrestar la intención de la administración de Trump de iniciar la actividad de minería en el lecho marino en aguas internacionales sin haber tramitado ningún permiso a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, la agencia de la ONU competente en la materia.

China se mostraba inicialmente en contra de ratificar el tratado, pero la diplomacia ha funcionado, ha explicado el enviado especial de Francia en la conferencia, Olivier Poivre D’Arvor. China ha enviado señales claras en esta conferencia, será quien en dos años lidere la flota mundial, por delante de EEUU, ha estado aquí en Niza, ha remarcado el representante por Francia, país organizador del encuentro junto con Costa Rica, destancando la ausencia de los representantes estadounidenses.

El Comisario de Pesca y Océanos, el chipriota Costas Kadis, muestra un rostro visiblemente agotado al finalizar el primer día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos. Tiene buenas razones: llega a Niza tras haber logrado un importante hito, la adopción de un pacto europeo para abordar bajo una misma visión todas las políticas marinas de los 27 Estados miembros, acompañado del anuncio de una nueva Ley del Océano prevista para 2027.

¿Es posible reunir bajo una misma visión las múltiples sensibilidades de los países de la UE y de tan distintos sectores?

Hemos hablado con todos ellos para lograrlo. Lo que hemos observado es que hay una gran fragmentación en todas las políticas vinculadas al océano. Hay muchas. No se trata solo de pesca y acuicultura. Hay sobre transporte, navegación, turismo, energía, protección marina… Todas son relevantes. El propósito principal es trazar una estrategia coherente de todas las políticas marinas que dará lugar a la Ley del Océano, para que los objetivos incluidos en esas políticas se puedan cumplir.

Una prioridad es ampliar las zonas protegidas, pero mientras las ONG piden prohibir la pesca de arrastre, los pescadores del Mediterráneo advierten que las restricciones los están llevando a desaparecer.

Mire, nuestra posición es clara. Necesitamos expandir la red de áreas marinas protegidas y necesitamos gestionar estas áreas de manera eficiente y efectiva. Eso significa desarrollar planes de gestión para cada una de las áreas marinas protegidas que identificarán qué actividades económicas pueden realizarse. Si queremos proteger el lecho marino, definitivamente el arrastre no debería permitirse en una determinada área marina protegida. Si, en cambio, lo que queremos es proteger especies pelágicas o las aves, los científicos nos dirán cómo gestionar estas áreas. Así que no estamos a favor del enfoque de talla única para todos. La evidencia científica guiará nuestras decisiones con respecto a las áreas marinas protegidas.

¿Qué cambios prevé en la Política Pesquera Común?

No buscamos una revisión completa, sino ajustes puntuales según los resultados de la evaluación que esperamos tener a inicios del próximo año. La PPC ha dado frutos, vemos cómo se están recuperando las poblaciones de peces. Algunas que estaban en muy malas condiciones hace 10 años ahora se están pescando de forma sostenible. Pero hay ciertas debilidades que debemos abordar.

¿Cuáles?

Una demanda recurrente en todas mis visitas y discusiones con los estados y el sector es la modernización y descarbonización de la flota pesquera. Hay que actualizarla por motivos de seguridad y sostenibilidad medioambiental. También preocupa cómo atraer a las nuevas generaciones, cómo hacer que el sector sea más digital, cómo promover condiciones saludables en los barcos. Son temas que plantea el sector, y que se debatirán por si hay que modificar de forma específica la PPC para incluirlos.

¿Cómo se llevará a cabo la descarbonización de la flota?

Estamos trabajando en la descarbonización del sector pesquero y acuícola con representantes de todas las partes interesadas, entre ellas la Asociación para la Transición Energética. Lo que propongan lo tendremos en cuenta en nuestras decisiones y se integrará en la evaluación de la PPC.

Uno de los problemas es la falta de control sobre las actividades en el mar. ¿La nueva Ley del Océano incluirá normas vinculantes?

La Ley del Océano prevé legislar sobre los usos económicos de las aguas europeas. No puedo adelantar su forma final, pero incluirá los ambiciosos objetivos que ya recoge el Pacto Europeo por los Océanos.

¿Contará con financiación pública para asegurar su cumplimiento?

La presidenta de la Comisión ha sido clara: la Ley debe ser implementable. Aunque no conocemos aún los futuros instrumentos financieros, soy optimista. La Comisión la respaldará también económicamente y trabajaremos para movilizar al sector privado.

La cumbre ha puesto sobre la mesa la necesidad de poner coto a la minería en aguas profundas para evitar dañar el lecho marino. ¿Cuál es la postura de la Comisión Europea?

Estamos a favor del enfoque de precaución.

¿Precaución?

En la Unión Europea muchos estados no apoyan esta actividad, pero no todos. Por eso el Consejo no tiene conclusiones sobre este tema, pero la Comisión Europea sí apoyamos claramente una moratoria hasta que se cubran las lagunas de conocimiento sobre el fondo marino y sepamos todo sobre sus repercusiones.

¿Qué avances esperan sobre el Tratado global para poner límite a los plásticos?

Vemos cómo la contaminación plástica amenaza gravemente los océanos. La UE abogamos por un tratado ambicioso. Me he reunido con la Organización Mundial del Comercio para unir fuerzas con todos los países que presionan en la misma dirección. Estamos trabajando para alcanzar un acuerdo cuanto antes, idealmente en agosto en Ginebra.