Hasta 16 países han mostrado reticencias al nuevo mecanismo de compensación por contaminación y han presentado enmiendas, que serán debatidas con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en octubre
Aumenta el apoyo al primer impuesto global a las emisiones del transporte marítimo
por Glòria Ayuso
La Organización Marítima Internacional (OMI) ha aprobado este viernes el marco para gravar las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte marítimo internacional. Este plan introduce por primera límites obligatorios de emisiones y un sistema global de precios para aquellos operadores que los rebasen.
Los buques más contaminantes pagarán 380 dólares por tonelada de CO y los de emisiones intermedias abonarán 100 dólares por tonelada. Los buques más eficientes y con menor impacto podrán beneficiarse económicamente: no solo no pagarán, sino que podrán vender créditos sobrantes y comerciar con los derechos de emisión, recibiendo de esta forma compensaciones económicas.
Mercado de emisiones
No obstante, las medidas acordadas incluyen cierta flexibilidad. Si un buque supera el umbral permitido, podrá compensar ese exceso de diversas formas. Podrá comprar créditos sobrantes de otros buques que hayan emitido por debajo de los límites. Ello incluye buques de su propia flota, por lo que los operadores pueden por sí mismos equilibrar su balance. También será posible acumular créditos de años anteriores y compensar los excesos que se cometan en la entrada en vigor de la norma.
Finalmente, las compañías podrán compensar el exceso de emisiones con contribuciones económicas al llamado Fondo de Cero Emisiones Netas de la OMI. Lo que recaude este nuevo fondo se destinará a recompensar a los buques con bajas emisiones, apoyar la innovación y el desarrollo de infraestructura, con especial atención en los países en desarrollo y estados insulares.
Máximo interés en Europa
Todas estas medidas deben adoptarse formalmente en octubre de 2025 para que el marco regulatorio entre en vigor en 2027, mientras que el mecanismo de precios opere a partir de 2028. El objetivo es que el transporte marítimo, responsable de casi el 4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y cuyo impacto sigue creciendo, logre alcanzar cero emisiones netas para el año 2050. Las medidas, que son obligatorias para los grandes buques de más de 5.000 toneladas responsables del 85% de las emisiones de CO, incluyen también la implementación de un nuevo estándar global de combustibles menos contaminantes.
La Comisión Europea ya obliga al transporte marítimo a pagar derechos de emisiones desde enero de 2024, algo que en opinión de los puertos europeos les resta competitividad en favor de los nodos logísticos próximos, como los del norte de África. Por ello, su interés es que la normativa sea de carácter global y entre cuanto antes en vigor.
Negociaciones complejas
Las negociaciones han sido complejas y no han alcanzado el acuerdo de todas las partes ni las expectativas iniciales de algunos de los países más ambiciosos. Tal y como ya ocurrió en otros foros internacionales, en el último momento Arabia Saudí también boicoteó el acuerdo, solicitando una votación. Aún así, su adopción ha salido adelante con 63 votos a favor, 16 en contra y 25 abstenciones.
Las enmiendas de países como EEUU, contrario a un gravamen, se discutirán hasta octubre, cuando debe aprobarse el acuerdo definitivo. «Han sido unas semanas duras de negociación, continuaremos trabajando con los países para progresar. Esperamos cerrar el acuerdo en octubre», ha mantenido el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, en una rueda de prensa posterior.
Eficiencia energética
Por otra parte, Clean Shipping Coalition ha criticado duramente a los Estados miembros de la OMI por no haber aprobado una revisión más ambiciosa del Indicador de Intensidad de Carbono (IIC), que sigue prácticamente sin cambios. La falta de acceso a combustibles más limpios, debido a la alta demanda de sectores como el industrial y la aviación, hace necesario que el sector marítimo adopte nuevas tecnologías para reducir las emisiones a corto plazo, que deben recortarse en más del 20% para 2030, según los objetivos marcados por la OMI. El IIC, en vigor desde enero de 2023, evalúa la eficiencia energética de los buques y establece parámetros que deben cumplirse, incentivando a la industria a invertir en tecnologías que mejoren su eficiencia. Para la coalición, un IIC que funcione correctamente es esencial para que la industria naviera aproveche las ventajas de la descarbonización más accesible».